Las comunidades del resguardo Dóbida Dogibi recuperan su territorio

En el municipio de Unguía, ubicado al norte del departamento del Chocó, justo en el límites con Panamá, las comunidades indígenas han sido víctimas del paso del conflicto armado por sus territorios ancestrales. Además de los constantes enfrentamientos entre los grupos armados, las comunidades del resguardo Dóbida Dogibi, que durante años han habitado en el territorio Eyákera, tuvo que soportar las constantes fumigaciones con glifosato y la falta de eficiencia del Estado para la reconocer los derechos de esta comunidad sobre su territorio.

El resguardo se creó hacia 1993 cuando algunas familias de la comunidad Tumburrulá, que habitaban el resguardo de Tanela, también ubicado en el municipio de Unguía, se vieron obligadas a desplazarse dados los constantes enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla. Pero, aun con su desplazamiento a Eyákera no logró escapar de la violencia que durante años azotó la zona, pues los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) continuaron.

En 1994, por primera vez, la comunidad solicitó ante el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) que se les otorgara el título colectivo del territorio ancestral Eyákera. Sin embargo, antes de que alguna entidad estatal les garantizara la protección de su territorio, la comunidad sufrió dos olas de desplazamientos masivos, resultado de los constantes enfrentamientos del Frente 57 de las Farc y del Bloque Élmer Cárdenas de las Accu, que se peleaban por el control de plantaciones de coca en la zona. En 2004, después de nueve años de haber presentado la solicitud, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le reconoció 500 hectáreas de las 5 mil que la comunidad estaba reclamando.

En 2011 la Corte Constitucional revocó la decisión tomada por el Incoder y ordenó la restitución de 3.157 hectáreas a la comunidad. Sin embargo, aun con la titulación colectiva del territorio ancestral, la comunidad fue víctima de constantes aspersiones aéreas con glifosato que pretendían acabar con las plantaciones de coca a cargo de los grupos ilegales. Además, la Agencia Nacional de Minería permitió la exploración para la explotación de oro y plata por la empresa Capricornio S.O.M, esto sin ningún tipo de consulta previa a la comunidad. El 5 de abril del 2016 el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, Chocó, dictó una sentencia que favoreció a la comunidad, en la cual ordena a distintas instituciones del Estado garantizar los derechos vulnerados a esta población.