Despojados por la agroindustria del banano
Datos Principales
- UBICACIÓN: Zona Bananera, Magdalena
- TIPO DE COMUNIDAD:Campesina
- NÚMERO DE HECTÁREAS: 127
- NÚMERO DE PREDIOS: 2
- NEGOCIO: Petrolera
Las Franciscas es una hacienda dividida en dos predios conocidos como Las Franciscas I y II, que suman 127 hectáreas. Está ubicada en el municipio Zona Bananera, en el departamento del Magdalena. En el territorio ocurrió la Masacre de las Bananeras, perpetrada el 5 y 6 de diciembre de 1928 por integrantes de las Fuerzas Militares, que asesinaron a cientos de trabajadores de la United Fruit Company que se habían declarado en huelga para exigir mejores condiciones laborales. La zona es estratégica debido a la productividad de sus tierras, cercanas a la Ciénaga Grande de Santa Marta.
En 1960, la United Fruit Company abandonó Las Franciscas, donde tenía plantaciones de banano. En 1987 varias familias campesinas, organizadas en la Asociación Campesina de Usuarios de Iberia (Acucibe), hicieron posesión de los predios y empezaron a sembrar frutas y verduras. Lo hicieron tras recibir el anuncio del entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) de que los predios les serían titulados tras finalizar el proceso de adquisición.
Ese mismo año, sin embargo, el empresario Antonio Riascos, gerente de la Cacaotera de Orihueca, alegó ser el dueño de esas tierras y consiguió que los campesinos se desplazaran bajo amenazas y hostigamientos, según relatan las víctimas.
En 1991, la propiedad de Las Franciscas pasó a manos de Agrícola Eufemia Ltda., una compañía creada con aportes de una subsidiaria de la multinacional del banano Dole. En 1994, tras la crisis de la fruta en el Magdalena, la empresa abandonó la hacienda, lo cual permitió que los campesinos desplazados regresaran dos años después. En ese entonces, los labriegos dispusieron el terreno en predios de 2 o 3 hectáreas por familia para cultivar comida y criar animales.
No obstante, ese mismo año la violencia arreció en la región. Como parte del proyecto expansivo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegó a la zona un grupo paramilitar que se conoció como Compañía Walter Úsuga, que más tarde recibiría el nombre de Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 2002 fue designado como comandante de esa estructura José Gregorio Mangones, alias ‘Carlos Tijeras’, quien entre 2008 y 2009 confesó ante las autoridades norteamericanas que había llegado a un “arreglo” con Dole para recibir un pago anual por hectárea de banano sembrada.
La presencia de los paramilitares en la zona y su presunta vinculación con personas que trabajaban con las multinacionales del banano continuó impidiendo que las familias campesinas habitaran Las Franciscas. Entre 2001 y 2004, integrantes del Frente William Rivas asesinaron a cuatro miembros de la comunidad, incluyendo a uno de sus líderes, por lo que posteriormente fueron condenados en Justicia y Paz.
El propio ‘Carlos Tijeras’, en declaraciones ante la justicia, reconoció que recibió pagos a cambio de prestar servicios de seguridad para Las Franciscas y otras dos fincas propiedad de Agrícola Eufemia Ltda. Sobre Las Franciscas, el excomandante paramilitar declaró que “nosotros sacamos a esa gente (los campesinos) y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole”.
Al tiempo que eran atemorizados con el asesinato de sus compañeros, los campesinos de Las Franciscas fueron obligados a venderles sus tierras a Agrícola Eufemia Ltda., que registró las transacciones como “compras de mejoras”. En 2009, esa empresa le vendió la hacienda a la compañía Las Franciscas S.A.S.
En 2013, dos años después de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), los campesinos solicitaron la devolución de los predios. En 2018, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena ordenó la restitución de Las Franciscas a 49 familias y declaró no probada la buena fe exenta de culpa de Las Franciscas S.A.S., por lo que no le reconoció ninguna compensación en su calidad de opositora. No obstante, no compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que indagara sobre la presunta responsabilidad de esa y otras compañías en los hechos.
El Tribunal le ordenó al Ministerio de Agricultura que les suministrara asistencia técnica y proyectos productivos a las familias, así como que las incluyera en programas de vivienda de interés social rural. También les exigió a otras entidades estatales incluir a las víctimas en el sistema general de salud y en el sistema educativo e implementar un programa de atención psicosocial, entre otras acciones reparadoras.
No obstante las órdenes del Tribunal, la entrega material de las fincas no se ha podido efectuar por múltiples solicitudes de aclaración y de nulidad presentadas por las empresas Agrícola Eufemia Ltda. y Las Franciscas S.A.S. Mientras se resuelven los recursos, ésta última continúa explotando las plantaciones de banano que se encuentran en los predios despojados, sobre las que el Tribunal omitió la obligación de entregar la administración a la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Por ello, la URT y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los reclamantes, presentaron en junio de 2018 una solicitud de medidas cautelares en la que le pidieron al Tribunal que le entregara preventivamente la administración del proyecto al Fondo de la URT, ordenara una visita técnica para verificar el estado de las plantaciones e instara a Las Franciscas S.A.S a abstenerse de realizar cualquier daño o destrucción del proyecto, incluyendo inmuebles, cultivos y mejoras.
Ante la prolongada demora del Tribunal para pronunciarse frente a la solicitud, en marzo de 2019 la CCJ presentó una acción de tutela con el fin de lograr un pronunciamiento. Esa misma semana el Tribunal resolvió favorablemente la solicitud de medidas cautelares. No obstante, la empresa opositora presentó un recurso de reposición, impidiendo que las medidas quedaran en firme.
De acuerdo con Luisa González, abogada de la CCJ, los empresarios no solo han buscado dilatar la restitución material mediante recursos judiciales, sino que también han contactado a algunos de los reclamantes para que negocien los predios con el argumento de que la sentencia nunca va a quedar en firme.
Ni aun con sentencia judicial, los campesinos de Las Franciscas han podido acceder a las tierras por las que luchan desde hace más de tres décadas.
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Con el apoyo de: Embajada de Suecia.