La justicia le ordena devolver otro predio a Cementos Argos

En 1983 el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les adjudicó a seis familias campesinas la finca Los Guayacanes, de 282 hectáreas, ubicada en El Carmen de Bolívar, región de los Montes de María. Los parceleros no dividieron el predio formalmente y decidieron trabajarlo de manera colectiva, dedicándose a labores de agricultura.

En 1994, empezaron a presentarse en el área combates entre grupos guerrilleros y tropas del Ejército. La ocurrencia de un enfrentamiento, tras el cual los militares retuvieron a varios campesinos, obligó a desplazarse a la familia Torres, una de las propietarias de Los Guayacanes. Angustiados, los Torres se trasladaron a la vereda Hato Nuevo, llevándose consigo los animales y las cosechas con las que contaban en su porción de la finca, que habían denominado El Aceituno.

Estando en Hato Nuevo, la familia Torres compró las mejoras de una parcela y se dedicó a sembrar tabaco, maíz y ñame. No obstante, de allí también tuvo que desplazarse, por cuenta del temor que generó la masacre del corregimiento El Salado, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 2002, la familia retornó a la vereda, debido a la grave situación económica que atravesaba en el casco municipal del Carmen de Bolívar.

En 2009, debido a la persistente pobreza, los Torres y las otras cinco familias adjudicatarias de Los Guayacanes le vendieron la finca al negociante de tierras Álvaro Echeverría, por un valor de 300 mil pesos la hectárea.

Pocos meses después, Echeverría le vendió Los Guayacanes a la fiduciaria Fiducor S.A., una filial de Cementos Argos S.A., creada en enero de 2009 para asumir la propiedad de las decenas de predios que compraba la compañía con destino a su proyecto de siembra de teca a gran escala en los Montes de María, donde los paramilitares habían ejecutado masacres como las de Mampuján, Hato Nuevo, Macayepo (2000) y Chengue (2001).

En un estudio sobre la situación registral de los Montes de María, la Superintendencia de Notariado y Registro relacionó una lista de personas y organizaciones privadas que adquirieron predios rurales en la región de manera masiva tras la desmovilización de las Auc. De acuerdo con esa relación, Álvaro Echeverría compró cerca de 4.650 hectáreas, siendo el mayor acumulador de la zona. La Fiduciaria Fiducor, por su parte, adquirió 2.996 hectáreas, mientras Cementos Argos acumuló 942.

El fenómeno era de tal magnitud que el l3 de octubre de 2008 la Gobernación de Bolívar declaró la inminencia de riesgo de nuevos desplazamientos por las tensiones generadas por la venta masiva e indiscriminada de tierras. Según el estudio de la Superintendencia, más de la mitad de los predios negociados habían sido inicialmente adjudicados por el Incora y correspondían a Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

En 2015, la familia Torres solicitó la restitución de un predio equivalente a El Aceituno, con el argumento de que se vio obligada a venderlo por la violencia y la pobreza. En el proceso presentó oposición a la restitución la Alianza Fiduciaria S.A., que en 2015 adquirió la fiducia mercantil que poseía Fiducor. Por esa razón, el caso llegó a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena.

Durante el proceso, la filial de Cementos Argos alegó que obró con buena fe exenta de culpa, dado que para la época “la Fuerza Pública había retomado el control del territorio, devuelto la tranquilidad a los habitantes y el Estado adelantaba claras políticas para consolidar su presencia”. La empresa también aseguró que su decisión de adelantar un proyecto de teca en los Montes de María obedeció a las políticas públicas “encaminadas a incentivar la inversión privada en las zonas antes afectadas por el conflicto armado”.

En cuanto a la adquisición de El Aceituno, la compañía alegó que al momento de la compra no existían medidas de protección sobre el predio, que nunca buscó adquirirlo para revenderlo a mejor precio, que la familia Torres vendió varios años después del desplazamiento y que, en todo caso, había sido Echeverría quien había hecho el negocio, de quien dijo era una persona ajena a Argos y a Fiducor.

Con esos argumentos, la Alianza Fiduciaria se opuso a la restitución de El Aceituno y le pidió al Tribunal que, en caso de que ordenara su devolución, la compensara económicamente y le autorizara celebrar un contrato con la familia para seguir adelantando su proyecto de teca.

No obstante, el Tribunal no le dio a la razón. En sentencia del 25 de julio de 2018,  conceptuó que la filial de Argos no actuó con buena fe exenta de culpa al comprar los terrenos que integraban Los Guayacanes, dado que acumuló más de una UAF, lo cual está prohibido por la ley. Asimismo, concluyó que “pese a que la parte opositora expresó que se compró el predio hoy reclamado cuando había seguridad en el sector (...) ello no descarta su responsabilidad y sobre todo el riesgo que asumió como negociante al momento de adquirir predios que fueron propiedad de personas víctimas de desplazamiento forzado”.

El Tribunal también recordó que en otras decisiones judiciales se probó la manera irregular como Argos compró tierras en los Montes de María: “Esta Sala Especializada en decisiones anteriores ha analizado como Cementos Argos S.A. a través del patrimonio autónomo hoy demandado, administrado en aquel entonces por Fiduciaria Fiducor S.A., adquirió entre los años 2008 y 2010 varios predios ubicados en el Carmen de Bolívar, los cuales provenían de ser objeto de reforma agraria y correspondían a UAF. De tal manera que los negocios jurídicos realizados sobre dichos inmuebles contravinieron las prohibiciones legales”.

Por ello, el Tribunal ordenó que El Aceituno fuera transferido al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, así como que a la familia Torres le fuera entregado un terreno equivalente, teniendo en cuenta su deseo de no regresar al predio y de obtener la titulación de la parcela que explota en Hato Nuevo desde mediados de la década de 1990.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​