El negocio de los esmeralderos y los empresarios del valle en las tierras del Vichada

En el departamento del Vichada varias familias campesinas siguen a la espera de la restitución de sus tierras, que hoy pertenecen a empresas agroindustriales nacionales e internacionales. Aunque durante años este departamento tuvo un gran número de terrenos baldíos, que eran entregados a campesinos sin tierra, que debían adaptarse a la dificultades del territorio en cuestión de vías terciarias, fertilidad y conflicto armado; de un momento para otro esta zona se convirtió en uno de los territorios más apetecidos por estas grandes compañías. Ese es el caso de 36 predios, que suman alrededor de 50 mil hectáreas, en los municipios de Cumaribo, Santa Rosalía y La Primavera, que hoy le pertenecen a la multinacional estadounidense Cargill.

En la década de los 90 el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adjudicó 36 predios a varias familias campesinas de la zona. Según la Ley 160 de 1994, la cual determina las condiciones necesarias para poder acceder a un terreno baldío y las condiciones luego de la adquisición, estos terrenos debían ser entregados a campesinos de bajos recursos que no tuvieran tierra; además solo podía entregarse una UAF (Unidad Agrícola Familiar) por núcleo familiar y no eran acumulables.  La medida de estas unidades agrícolas corresponde a la superficie de tierra mínima para que una familia pueda habitarla y emprender un proyecto productivo para su sostenimiento. La cantidad de tierra depende de varios factores, como la fertilidad de la zona y la cercanía a vías de transporte.

Sin embargo, seis de estos 36 predios fueron adjudicados a familiares del  Guillermo León Torres Arango, reconocido comerciante de la zona, asesinado en 2012 y cercano al ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza´, y quienes además no cumplian con las condiciones necesarias para recibir los títulos.

Sin embargo, el problema de la tierra en el Vichada va más allá de las irregularidades en el proceso de adjudicación. El conflicto armado también estuvo relacionado con el desplazamiento de los campesinos, que durante años habitaron los predios, y la llegada de colonos y multinacionales a comprar tierras en la zona. Desde los 80 varios grupos paramilitares llegaron al Vichada acompañando a los esmeralderos que entraban al departamento en busca de grandes extensiones de tierra a muy bajos precios; este es el caso del exsocio de Víctor Carranza, Guillermo León Torres Arango.

A finales de los 90 la guerrilla de las Farc  había llenado de coca parte del departamento mientras huía de los controles del Estado para acabar con los cultivos de uso ilícito en Guaviare y Guainía. En esa época llegó una nueva oleada paramilitar, esta vez, desde Urabá, con el Bloque Centauros de los hermanos castaño, que cometieron varias masacres, entre ellas la de San Teodoro en mayo de 1999. La violencia en contra de la comunidad obligó a varios campesinos a abandonar sus predios y desplazarse a otras zonas del país.

Casi dos décadas después de la adjudicación de las tierras, en el 2011 Cargill adquirió la mayor parte de los 36 predios, que a 2018 aún le pertenecen. Sin embargo, para ese momento eran pocos los adjudicatarios originales que permanecían en sus parcelas, pues la violencia generalizada les había obligado a abandonar sus tierras o venderlas, por muy bajos precios, a intermediarios como Carlos Arturo Llano Henao. Los predios de la familia Torres Arango pasaron a manos de Germán Alfredo Sánchez Sierra y Miguel Darío Sierra Murcia, familiares del reconocido socio de Víctor Carranza, Jesús Hernando Sánchez Sierra.

Por un lado, las familias de los esmeralderos Torres Arango y Sánchez Sierra terminaron negociando por grandes sumas de dinero, tierras que debieron ser entregadas originalmente a campesinos.

Por otro lado, los compradores vallecaucanos, que muchas veces venían de otras zonas del país, fueron los primeros en beneficiarse del afán de los campesinos por salir de sus tierras; pues fueron ellos quienes compraron a muy bajos costos para revender a precios desmedidamente altos a las compañías agroindustriales interesadas en la tierra.

Fue así como Cargill, por medio de su filial Colombia Agro, buscó la forma de burlar la Ley 160 de 1994 y construyó 36 empresas de papel para comprar predio por predio, incurriendo en algunos casos en una presunta acumulación irregular de tierras. Según una investigación de la ONG Oxfam y el excongresista Wilson Arias el reconocido bufete de abogados Brigard Urrutia fue el encargado de asesorar a la multinacional en esta maniobra.