la restitución de Chibolo deja por fuera a 7 campesinos

Chibolo es un municipio de Magdalena en el que los paramilitares perpetraron uno de los despojos de tierras más grandes del país. En la zona estaba la hacienda Palizúa, que pertenecía a la familia Duque Barros, y la hacienda La Pola. En  los años 80, estas familias decidieron dividir su tierra en cinco partes iguales, cada una de 601 hectáreas, como herencia para sus hijos. Los nuevos predios fueron llamados: Santa Martica, Planadas, La Boquilla, El Mulero y las Mulas.

Durante la misma época, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) promovió las invasiones para que pobladores pobres ocuparan tierras improductivas. Los Duque Barros vendieron los predios a la Instituto Colombiano para la  Reforma Agraria (Incora) y este adjudicó parcelas a varias familias. De igual manera, en los mismos años, la hacienda La Pola fue vendida al Incora, que la dividió para su adjudicación en los predios: Villa Luz, Santa Rosa, La Toluá y La Pola Pequeña.

En 1997, llegaron los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, que impidieron los procesos de titulación de los predios de la antigua Palizúa y el Incora solo logró adjudicar a los campesinos La Pola Pequeña. Desde entonces hasta 2006, año de la desmovilización del Bloque Norte de las Auc, el jefe paramilitar diseñó un plan estratégico para adueñarse del territorio. Como lo documentó VerdadAbierta.com, ‘Jorge 40’ se reunió con el funcionario del Incora, José Fernando Mercado Polo, para  lograr los títulos de los predios que el Estado le entregó a los campesinos y que estos abandonaron por la violencia paramilitar.

Luego de la desmovilización de las Auc, varios campesinos decidieron retornar alentados por el líder social Orlando Yanes. El retorno fue difícil porque en la región quedaban varios grupos herederos del paramilitarismo. En el año 2013, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ordenó la extinción de dominio de Santa Martica y La Boquilla para adjudicarlos a campesinos desplazados por los paramilitares. En este mismo año, los predios de La Pola y La Palizúa fueron documentados por la Unidad Restitución de Tierras y presentados ante jueces especializados.

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta,  en el 2013, falló a favor de los campesinos en los casos de los predios: Las Planadas, La Tuluá y Santa Rosa. Desde ese año se realizaron proyectos interinstitucionales para garantizar la propiedad al campesinado y registrarlos en la Unidad Nacional de Víctimas. La ong Corporación Yira Castro representó a los 17 campesinos que faltaban por restitución de los predios La Tolúa y Santa Rosa, pero el fallo del Tribunal de Cartagena, en el 2017, solo reconoció a 10 demandantes. A julio de 2018, la Corporación presentó nuevos documentos en el proceso de reclamación de tierras en Chibolo.