La astucia palmera de Jiguamiandó

El caso de la Comunidad de Jiguamiandó, ubicada en el oriente del departamento de Chocó, en límites con Antioquia, se convirtió en uno de los procesos más representativos en cuanto a restitución de tierras se refiere, ya sea por las numerosas hectáreas protegidas por la Ley 70 de 1993 que fueron explotadas ilegalmente por foráneos, o por las múltiples violencias que han vivido, y siguen sufriendo las comunidades afro del Bajo Atrato chocoano.

La comunidad afrocolombiana de Jiguamiandó se vio obligada a desplazarse entre 1996 y 1997 por los constantes enfrentamientos entre los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc, en apoyo con la Brigada 17 del Ejército Nacional, en contra de la guerrilla de las Farc. Aprovechando el abandono por parte de la comunidad, empresarios y paramilitares lograron su objetivo principal: apropiarse ilegalmente de las tierras para explotarlas en proyectos agroindustriales de palma de aceite y obtener beneficio económico.

Algunos habitantes desplazados regresaron a sus fincas, pero lo paramilitares, por medio de amenazas, desplazamientos, documentos falsos y accesiones irregulares, se apoderaron de los territorios de las comunidades para después explotarlas con varias empresas palmeras. En algunos casos, se realizaban reuniones entre paramilitares con empresarios y dueños de tierras para presionarlos a vender sus fincas a precios insignificantes. Ante tal situación, muchos habitantes decidieron abandonar sus tierras por temor de las amenazas; otros que se resistieron, se enteraron que sus predios fueron vendidos sin su conocimiento.

Los actos realizados por los empresarios que llegaron desde 1997, bajo la invitación de Vicente Castaño Gil, fueron aprobados por el mismo Estado con múltiples irregularidades. El modus operandi de algunos de los empresarios palmeros era convertir las parcelas entregadas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en grandes latifundios, modificando el número de hectáreas de los terrenos en los documentos. Una vez los predios eran despojados, las empresas palmeras se encargaban de extraer, mediante la tala de árboles, la madera de la región. Seguidamente, plantaron grandes cultivos de palma de aceite para su explotación. Los paramilitares junto a los empresarios canalizaron ríos, robaron ganado, afectaron la fauna de la región y construyeron vías que ocasionaron grandes daños medioambientales.

A pesar de que la cuenca del río Jiguamiandó está salvaguardada por la Ley 70 de 1993 y sus tierras adjudicadas en múltiples resoluciones por el Incora, la comunidad de Jiguamiandó hasta el momento no ha podido ejercer su derecho a la titulación colectiva de forma apropiada.

A 2018, líderes y lideresas de restitución de tierras como Manuel Denis Blandón, Félix Alvarado, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra, Rumualdo Salcedo, Melkín Romaña, María Ligia Chaverra, Argemiro Bailarín, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González y James Ruíz se encontraban en situación de riesgo, debido a que estarían siendo objeto de presuntos actos de violencia, incluyendo amenazas y hostigamientos.