La industria de la palma llegó de la mano de los paramilitares a Curvaradó

Las comunidades afro que conforman el Consejo Comunitario de Curvaradó y el Consejo Comunitario de Jiguamiandó, en Chocó, llevan casi dos décadas reclamando su derecho a permanecer en los territorios que les fueron reconocidos, por el Estado, como propiedad colectiva.  La presencia de actores armados, la llegada de palmicultores que adquirieron tierra por vías fraudulentas y las estrategias de repoblación de los territorios, conforman la larga lista de violaciones a sus derechos territoriales.

Estos pueblos asentados a orillas del río Curvaradó, en Riosucio, Chocó, sufrieron una ola de desplazamientos por cuenta del paramilitarismo que llegó a la zona en 1997. Los asesinatos a líderes y retenes a lo largo de la cuenca del río hicieron que las comunidades le solicitaran al Gobierno el reconocimiento de sus tierras ancestrales afro. La respuesta llegó tres años más tarde, cuando en el año 2000 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, le adjudicó 46.084 hectáreas al Consejo Comunitario de Curvaradó y 54.973 hectáreas al Consejo de Jiguamiandó.

La comunidad apenas estaba en su proceso de retorno cuando la industria de la palma llegó a la zona y por vías ilegales quiso adueñarse de la tierra. La Superintendencia de Notariado y Registro demostró que 17.720 hectáreas que pertenecían a la comunidad negra que ocupa el área de Curvaradó y Jiguamiandó fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó. Así lo documentó La Silla Vacía.

“Enero de 2004 los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque, junto con María Isabel Correa Gómez, ex esposa del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, crearon la empresa Promotora Palmera de Curvaradó, Palmadó Ltda. Pretendían participar en el proyecto de palma africana en el Bajo Atrato Chocoano liderado por el paramilitar Vicente Castaño.” así lo documentó Verdad Abierta

Zea y Duque, siendo socio y representante legal respectivamente de Palmadó Ltda., adquirieron de forma fraudulenta más de 4.500 hectáreas de tierra perteneciente a las comunidades afro. Entre 2001 y 2003 Zea realizó las primeras compras de tierras, por medio de intimidaciones a la población y aprovechando la condición de desplazamiento de los habitantes.

“La Fiscalía logró esclarecer que las empresas Urapalma S.A., Palmura S.A y la Extractora de Bajirá estaban bajo la dirección de Vicente Castaño; que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, tuvo injerencia en la empresa Palmas S.A; así como Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’ lo tuvo en Agropalma & Cia Ltda y Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en Palmadó Ltda.” documentó Verdad Abierta.

Estas empresas aprovecharon los incentivos del Estado para sacar adelante sus proyectos de agro, y también solicitaron créditos por más de 5 mil millones de pesos al Banco Agrario.

Los empresarios palmicultores convirtieron las parcelas de las comunidades afro en latifundios, registrándolas con muchas más hectáreas de las que en realidad componían cada predio. Su excusa era que el río se había movido y por tanto las parcelas ahora eran más grandes. La justicia colombiana demostró que el río no se había movido 17 kilómetros en ninguna dirección, como afirmaban los palmeros.

Mientras avanzaba la investigación a estos empresarios, a finales de 2010 llegaron cientos de familias, provenientes de Urabá, Córdoba y otros municipios del Chocó y se asentaron también en las tierras reclamadas por  los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. Las comunidades denuncian que Jaison Salinas, alias “El Llanta”, un miembro de una banda criminal, le prometió a los invasores les daría incentivos económicos y que el Incoder les iba a legalizar esos predios.

Ambas comunidades, Curvaradó y Jiguamiandó, quisieron acudir a la inspección de Policía el 16 de diciembre de ese año, pero afirman que ni la inspectora, ni el alcalde, ni ningún funcionario les dio respuesta. El 30 de diciembre finalmente presentaron la denuncia, pero les dijeron que por la temporada navideña, la inspección de sus tierras sólo iba a poder ser el 7 de enero. En esa fecha, la policía inspeccionó y confirmó que sí había familias invadiendo la tierra afro, pero no dieron ninguna orden de desalojo porque, según la inspección, la gente ya se estaba yendo por su propia cuenta. Para 2018, las comunidades señalan que estos invasores no se han marchado de sus territorios.

Esto trajo más problemas. En medio de un proceso de restitución, era difícil distinguir entre las personas que habían llegado a invadir la tierra y quienes afirman que han habitado la zona históricamente. Por este motivo, en septiembre de 2011 arrancó el censo en la cuenca del Río Curvaradó, a la espera de esclarecer estas diferencias.

Entre tanto, ocurría una serie de asesinatos a líderes reclamantes de tierras de los Consejos Comunitarios. Germán Marmolejo fue asesinado en septiembre de 2010, Argénito Díaz en enero de ese año, Manuel Ruiz , quien reclamaba unas tierras ocupadas por los empresarios Víctor Ríos, Fabián Ríos y Carlos Ríos, en marzo del año siguiente, y justo un día después mataron a Mario Castaño Bravo.

Ya en 2013 un juez en medellín condenó a Zea y a Duque, este último prófugo de la justicia, a 150 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de tierras de especial importancia ecológica. La decisión también ordenó la cancelación de escrituras fraudulentas de tierras destinadas para la siembra de palma.

Sin embargo, desde esa misma fecha las comunidades señalan que los invasores de sus tierras aun no se han marchado y que por el contrario comenzaron otro proyecto agroindustrial, sembrando hectáreas de plátano. La comunidad señala que estas actividades están siendo apoyadas por la empresa Banacol.

Para 2018, miembros de los Consejos Comuntiarios de Curvaradó y Jiguamiandó continúan haciendo advertencias sobre la llegada de nuevos grupos armados, al parecer reductos de grupos paramilitares, que pretenden cuidar las tierras que deberían ser restituidas. Señalan que estos actores armados les tienen prohibido emprender cualquier proyecto agroindustrial en el territorio.