Con carbón pero sin tierra en Becerril, Cesar

A dos horas de Valledupar, en el corregimiento de Estados Unidos en Becerril, Cesar, 21 familias siguen a la espera de  la restitución de sus tierras. Esta parcelación fue adjudicada por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) a algunas familias campesinas, que años más tarde fueron desplazadas por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc. Estas tierras terminaron divididas en sembradíos de palma de aceite y botaderos de residuos de carbón, que hoy pertenecen a algunas empresas carboneras nacionales.

A mediados de 1989, en el municipio de Becerril, el Incora compró la hacienda Santa Fe al empresario Silvestre Dangond Lacouture. El terreno de 896 hectáreas fue dividido en 30 parcelas y se entregó a igual número de familias campesinas en 1991. La tierra colinda con la entonces tercera mina de explotación de carbón a cielo abierto más grande del país, La Jagua, hoy perteneciente al grupo empresarial Prodeco. Pero la violencia en la zona no dio espera, desde 1991 varias familias, cuyos miembros pertenecían a la Unión Patriótica, fueron amenazados y tuvieron que abandonar sus parcelas. Así, poco a poco, más campesinos se vieron obligados a dejar sus terrenos por la cruenta llegada de los grupos paramilitares en 1996.

Luego de las masacres perpetradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, en 1998, y el Bloque Norte de las Auc, en el 2000; el control paramilitar aumentó en la zona. Mientras los campesinos se veían forzados a desplazarse, dadas las condiciones de violencia, algunas empresas como Carbones del Caribe y Carbones La Jagua empezaron a mostrar interés en la adquisición de los predios abandonados.

Entre los años 2000 y 2003, conforme aumentaban las amenazas, la violencia y los despojos, por parte de miembros del Bloque Norte de las Auc, la empresa Carbones del Caribe, por medio de Edgardo Percy Diazgranados (quien era gerente de la mina La Jagua),  adquirió alrededor de 16 predios, muchos de ellos para la siembra de palma de aceite. Pero la compra de estos predios fue solo el principio de un entramado de negociaciones, personas, empresas y grupos ilegales que intervinieron en la adquisición irregular de las parcelas de la hacienda Santa Fe. Según archivos judiciales, Percy Diazgranados se reunió con jefes paramilitares para acordar el despojo de los campesinos.

Aunque en 2013 la Unidad de Restitución de Tierras (URT) aceptó y radicó de forma individual 21 de las 23 reclamaciones hechas por los campesinos, el proceso no avanzó en lo administrativo ni lo judicial. En la justicia ordinaria, la Fiscal 5 Especializada ante el juez único penal del Circuito Especializado de Valledupar ordenó la investigación de 16 personas, varios de ellos, personas que para ese entonces eran funcionarios de las empresas relacionadas con este caso. En febrero de 2018, Percy Diazgranados fue capturado por estos hechos. La comunidad sigue esperando la restitución de las tierras.