El enredo por Vilut y los Amigos

En el corregimiento de Almagra en Ovejas, Sucre, existe una finca con el nombre de Vilut y los Amigos. El predio ha pertenecido a distintos dueños después de que el desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, le comprara la tierra a un terrateniente de la zona en 1990. Diez años antes, Jorge Blanco junto a otros dos campesinos, invadió la finca que se encontraba en abandono. Las familias de esos tres campesinos, mas otras cuatro, fueron las beneficiarias que recibieron del Incora las 145 hectáreas que comprende el predio.

Luego de pagar 30% del valor de la finca, las siete familias recibieron la propiedad colectiva de todo el terreno, en un título común y pro indiviso. Los beneficiarios se convirtieron en los dueños de las 145 hectáreas de Vilut y los Amigos y no de parcelas individuales dentro del predio.  

El municipio de Ovejas se ubica en los Montes de María, una subregión del Caribe colombiano que ha sido golpeada por el conflicto armado. El Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc se estableció en esa región, donde también delinquieron frentes guerrilleros de las Farc, el Epl y el Eln. Producto de la violencia y de las pocas oportunidades para prosperar económicamente, más de 20.000 personas fueron desplazadas. Los habitantes de Vilut y Los Amigos no fueron ajenos a la violencia y algunos de los beneficiarios partieron hacia el casco urbano. Pero los Blanco siguieron viviendo allí y para 1995 dejaron que la familia Chamorro, que llegó desplazada a la zona, se estableciera en una de las parcelas abandonadas. Como los Chamorro, más familias campesinas que llegaban huyendo por la violencia o que no tenían tierras llegaron a Vilut y los Amigos.

El 14 de julio de 2005 el Bloque Héroes de los Montes de María se desmovilizó y dos años más tarde el frente 37 de las Farc redujo notablemente su influencia luego del asesinato de Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’ a manos de la fuerza pública. Lo anterior, llevó a que los antiguos beneficiarios del Incora quisieran retornar a Vilut y los Amigos. Para el año 2008, la finca era habitada por 10 familias, entre ellas los Salcedo, que fueron desplazados por paramilitares de la vereda Pjiguay en 1997.

Con la venia de Pablo Jaraba, uno de los beneficiarios del Incora, Los Salcedo llegaron a las tierras luego de que Jaraba abandonara la finca. Según lo documentó Verdad Abierta, Jaraba quiso retornar al predio en el 2007 pero los Salcedo afirmaban que eran ellos los verdaderos dueños, pues le pagaron poco menos de un millón de pesos por el terreno. Según Jaraba, el único pago que recibió fueron unos árboles frutales.

Luego de la adjudicación en 1990, las siete familias campesinas no registraron las escrituras en la oficina de Notariado y Registro como nuevos dueños, y por lo tanto, el Incora siguió siendo el verdadero poseedor de Vilut y los Amigos. Luego de la liquidación del Incora en 2004, las 145 hectáreas pasaron a manos de la institución que la reemplazó, el Instituto de Desarrollo Rural, Incoder, que desapareció en diciembre de 2015. Hoy la máxima autoridad para el desarrollo del campo, es la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

El Incora fue ineficiente al inventariar los predios que poseía. VerdadAbierta.com documenta que funcionarios de dicha institución cometieron irregularidades en las adjudicaciones de muchas fincas. El caso de Vilut y los Amigos no fue el único en el que, a falta del registro de los campesinos, el Estado siguió siendo poseedor de los predios. Un funcionario del Incoder le contó al medio que, en algunos casos, los campesinos no cumplieron con los trámites necesarios para ser beneficiarios del estado, pero en otros, la institución se demoró mucho en entregar todos los documentos, los campesinos se cansaron de insistir y nunca concluyeron el proceso. Además, afirmó que hubo denuncias de funcionarios que pidieron dinero a los campesinos, que cuando no pagaron, se adueñaron de los papeles. Las personas creyeron que eran las propietarias legales de las fincas y muchas de ellas vendieron los terrenos a otras personas, empeorando la situación. Todo lo anterior, con el agravante de los desplazados del conflicto armado.

La Unidad de Consolidación Territorial del gobierno realizó un estudio en el que revela que para el año 2012, uno de cada tres campesinos en el municipio de Ovejas habitaba fincas que consideraba suyas, pero que le pertenecen legalmente al Estado. Concluye que 12.739 hectáreas, de las 44.292 del municipio, son del Incoder o del Incora. Aunque esta última institución desapareció en el 2004, nunca traspasó formalmente varios de los predios que poseía al Incoder.

Al lío entre campesinos y al desorden que dejó el Incora, se le sumó la aparición de Carlos Mario Vásquez Gaviria, un empresario de agroindustria con inversiones en el sector de suministros para la instalación de gasodomésticos oriundo de Medellín. Vásquez Gaviria llegó a Ovejas luego de comprar terrenos en Carmen de Bolívar, en el corregimiento de El Salado. Adquirió varias hectáreas de Vilut y los Amigos, luego de que cuatro campesinos beneficiarios del Incora le vendieran sus parcelas. Jorge Blanco fue uno de los campesinos que le vendió al empresario paisa, asegurando que le compró a 500 mil pesos la hectárea. Blanco le traspasó la propiedad a Vásquez Gaviria, y con los otros tres campesinos firmó un contrato de compra venta. Aunque la propiedad del terreno era de Incoder, la Oficina de Registro en Corozal dejó que Jorge Blanco registrara los documentos y la directora efectuó el registro de la escritura, motivo por el cual fue suspendida 6 meses. Para el 2009, el empresario comenzó su negocio de crianza de búfalos en las 80 hectáreas que compró.

Uno de los miembros de la familia Chamorro, le contó a Verdad Abierta que el ganado de Vásquez Gaviria comenzó a meterse en las parcelas de los otros campesinos arruinando los sembradíos. Las discusiones entre los campesinos y el empresario comenzaron y según Chamorro, les tumbó algunos ranchos hasta que en febrero de 2012 se desplazaron después de recibir amenazas de él. Los campesinos afectados interpusieron un amparo policial para el retorno a sus tierras, pero Vásquez Gaviria nunca asistió a las conciliaciones que convocó la Policía. El empresario terminó estableciéndose en la mayoría de la finca y el resto fue ocupado por campesinos que aseguran ser los dueños legítimos de la tierra, luego de comprar los terrenos a quienes recibieron el título colectivo en 1990. Pero estos últimos, también afirman tener el derecho sobre la propiedad, pues denuncian no haber recibido un pago justo.

Como el conflicto en Vilut y los Amigos incluye a desplazados, el proceso lo debe llevar la Unidad de Restitución de Tierras conforme a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y será un juez de esa jurisdicción quien decida sobre la propiedad. Tal como le contó Jorge Blanco a Verdad Abierta luego de vender, un perito concluyó que las tierras costaban un millón seiscientos mil pesos por hectárea, y que él la vendió a 500 mil, pues estaba desesperado por tanta violencia en la zona. Finalizó diciendo que Vásquez Gaviria no le ha terminado de pagar.

El empresario asegura que realizó un mal negocio; pagó 500 mil, luego de que uno de los peritos del Banco Agrario avaluara el terreno en 350 mil pesos por hectárea, ya que pretendía poner como garantía hipotecaria la propiedad que iba a comprar. Le dijo a Verdad Abierta en el 2012 que tuvo que invertir al menos un millón de pesos por hectárea dado el mal estado de la tierra, y aceptó que le debe a los campesinos pero que pagará una vez se le solucionen los problemas económicos y tenga las escrituras registradas en su poder. Ese mismo medio, consultó con la sucursal del Banco Agrario en Sincelejo y les contestaron que los avalúos se realizan solo cuando el propietario de un predio solicita el proceso y acepta que su propiedad sirva como garantía hipotecaria. Blanco asevera que nunca autorizó el avalúo, que el empresario solo llegó y ofreció esa cantidad de dinero.

Vilut y los Amigos dibuja un caso difícil para la Ley. El empresario paisa tiene papeles para demostrar que adquirió el terreno, pero hay campesinos que aseguran que se apropió de otras zonas de la finca que no le pertenecían. Los beneficiarios recibieron un título colectivo y no parcelas y en algunos casos hubo víctimas de desplazamiento. Otros propietarios se vieron obligados a recibir menos dinero del costo real de sus tierras. Pero quienes llegaron después a ocupar las hectáreas abandonadas, reclaman ser los propietarios legítimos del terreno. Entre tanto, el Estado sigue siendo el dueño formal de Vilut y los Amigos.

El 25 de enero de 2013, José Rafael Mercado Romero, uno de los habitantes de la finca, presentó una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente con relación al predio Vilut y los Amigos, pero un año después, el 28 de enero de 2014, desistió de la solicitud realizada ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras mediante la Resolución Número RS 0077. La resolución indica que en Vilut y los Amigos no ocurrieron hechos de violencia en los últimos 14 años y que Mercado Romero no fue víctima del conflicto armado. Que lo único que sucedió en el predio fueron inconvenientes con Carlos Mario Vásquez Gaviria, vecino que tiene búfalos y reses que causan daño a los cultivos existentes en la finca, ya que se encuentran sin cercas perimetrales. Mercado Romero, señala la Resolución, desistió voluntariamente de la solicitud, pues lo único que quería era formalizar su cuota parte sobre el predio.