La explotación petrolera que afecta a los indígenas del Putumayo

La Comunidad San Miguel de La Castellana está integrada por 109 familias y reclama la protección de 489 hectáreas en el municipio de Villagarzón, en Putumayo. Hace parte de las cinco comunidades indígenas que habitan en Villagarzón y pertenecen al pueblo Inga. Los Inga llegaron al Valle del Sibundoy en el Putumayo a finales del Siglo XV.

Los monjes capuchinos llegaron a Putumayo desde comienzos del Siglo XX y ocuparon las tierras ancestrales de los Inga en el Putumayo hasta la década de los 60. Además, con el discurso de la “civilización de los salvajes”, los capuchinos controlaron la mano de obra indígena y se involucraron en la economía, la política y los procesos sociales de los habitantes de la amazonía.

Por cuenta de la expansión y consolidación del cultivo de coca en la región, los territorios indígenas del Putumayo han sido víctimas de las Farc, los paramilitares y algunos narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha. Eso generó un impacto social y cultural que dejó en situación de vulnerabilidad a las comunidades indígenas.

Desde 2008, la comunidad de San Miguel ha reclamado reconocimiento del Estado, teniendo en cuenta que ese año el Ministerio del Interior emitió un concepto en el que negó la existencia de grupos indígenas en la zona delimitada para el área de explotación Costayaco, a cargo de la empresa Gran Tierra Energy Colombia Ltd.

Según la comunidad, la empresa canadiense instaló una plataforma de exploración de hidrocarburos a 500 metros de San Miguel. Por eso los Ingas se movilizaron en Bogotá en octubre de 2014 exigiendo la debida consulta previa. Por la presión de los indígenas y un informe de la Defensoría del Pueblo, los Ingas lograron la consulta previa en los resguardos de San Miguel de la Castellana y Wasipungo, mediante una resolución que la Dirección de Consulta Previa emitió en septiembre de 2016.