El Resguardo Iroka espera restitución

El 25 de agosto de 1976, el Incora constituyó como Reserva Especial Indígena un terreno baldío equivalente a 8.678 hectáreas en la Serranía de Perijá, ubicada entre el departamento del Cesar y Zulia, en Venezuela.  Los beneficiados fueron integrantes de la comunidad indígena Yukpa del resguardo Iroka.

Durante los 80, el pueblo Yukpa se vio obligado a reemplazar sus cultivos tradicionales de pancoger (maíz, malanga, plátano) en razón de la llegada de los grupos delincuenciales que controlaban el narcotráfico, impulsados parcialmente por la bonanza marimbera y el auge de cultivos de amapola. La presencia de las Farc y el Eln en la zona, y sus constantes enfrentamientos contra la fuerza pública, dejaban a la comunidad en medio del fuego cruzado.

Las aspersiones para destruir los cultivos ilícitos realizadas por el gobierno durante los noventa contaminaron las fuentes hídricas del pueblo indígena y afectaron sus cultivos de pancoger. Además, los colonos recurrieron a la quema indiscriminada de territorio indígena para obtener terrenos útiles para nuevos cultivos, a la par que sometieron a miembros de la comunidad Yupka a trabajos forzosos.

A mediados de los noventa incursionan en la región las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá a cargo de Salvatore Mancuso. Con la incursión paramilitar aumentaron los asesinatos selectivos de campesinos dentro y fuera del resguardo, se limitó el abastecimiento de alimentos al interior de la comunidad y se impidió la salida de los miembros del resguardo.

Para el año 2000, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia tenía el propósito de controlar el narcotráfico la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que la población indígena siguió siendo víctima de la violencia. En 2005, el Ejército instaló el Batallón de Alta Montaña en la Serranía del Perijá, adscrito a la Décima Brigada Blindada.

Hacia 2007, el pueblo indígena le envió una carta al gobierno nacional en la que le advirtió sobre los graves problemas de desnutrición de la comunidad Yukpa, en razón de haber cambiado sus hábitos alimentarios, por el cambio forzoso de sus cultivos a causa del conflicto armado.

La solicitud de restitución del Resguardo Iroka fue aceptada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el 17 de abril de 2015. Allí, la comunidad exigió la formalización del resguardo. Tres años después alertó acerca de la delicada situación de supervivencia de los Yukpa. También incluyó un diagnóstico de supervivencia en el que advirtió acerca de la muerte de al menos 20 menores de la etnia en 2006 por cuenta de problemas nutricionales.

Los indígenas también exigieron al Ministerio del Interior y a Corpocesar rendir un informe detallado de los permisos ambientales que dieron aval a las empresas palmicultoras  para instalarse en el territorio y aprovecharse de las fuentes hídricas.

En 2012, por ejemplo, la autoridad ambiental emitió la Resolución 0947 con la que otorgó “traspaso de concesión para aprovechar las aguas de la corriente denominada Río Sicarare”, en beneficio de varios predios a nombre de las empresas Palmas Pororo SAS, Palmas Sicarare SAS y Palmas Tamaca SAS.

El 27 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Tierras de Valledupar amparó el derecho fundamental al territorio de la comunidad Yukpa. Lo hizo a través de la restitución de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado sobre los predios que históricamente reclamaban.