Tierra para el petroleo y no para los campesinos

La vereda Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, fue la tierra clave para que Pacific Rubiales se consolidara como una de las  petroleras privadas más grande de América Latina. En los años 80 llegaron esmeralderos y narcotraficantes a comprar grandes extensiones de tierra a colonos que habían llegado en los 40 y 50. Tanto los esmeralderos como los narcos no tenían claro los límites de sus tierras y tampoco poseían los títulos de propiedad. (ver especial)

Durante los 90 se intensificó la violencia en la Altillanura. Entre 1995 y 1996, las Farc ocuparon parte del municipio de Puerto Gaitán para la siembra y cultivos de coca.  En 1997 Rubiales  era un campo petrolero muy pequeño, explotado por la compañía australiana Coplex. Ese año los pozos quedaron abandonados porque las Farc secuestraron a varios ingenieros. A la vez, en la Orinoquía se expandían grupos paramilitares, como los  “Urabeños”; sus aliados los Buitragueños creados por Héctor Buitrago y Martín Llanos; y los Carranceros. Estos últimos eran llamados así por su cercanía al ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza, propietario de la hacienda El Brasil en la que funcionó un campo de entrenamiento paramilitar, y que actualmente es sede de carnicos de cerdo La Fazenda

Tras las constantes amenazas, asesinatos y desplazamientos, algunos pobladores de la vecina vereda Puerto Trujillo ocuparon tierras baldías en la vereda Rubiales, esperando que el Gobierno les adjudicara la tierra. El gobierno de Álvaro Uribe fortaleció la presencia militar en la zona y permitió que en 2003,  Germán Efromovich y el grupo de inversión norteamericana Elliot aceptarán una oferta para explotar los pozos en Rubiales, con la compañía Meta Petroleum. En 2007, Petro Rubiales adquirió la empresa de Efromovich y en 2008 nació Pacific Rubiales, con la fusión de Pacific Stratus Energy y Petro Rubiales.

La nueva empresa, de la cual eran socios, Germán Efromovich y los venezolanas José Francisco Arata, Serafino Iácono, Miguel de la Campa y Ronald Pantin, lograron acumular más de 55 mil hectáreas, muchas de ellas ocupadas por campesinos a los que nunca se les formalizó la propiedad. Como lo documenta Rutas del Conflicto en “Los líos de las tierras de Pacific”, la empresa a través de su filial Major International adquirió más de 20 fincas que rodeaban el campo petrolero, que habían sido adjudicadas por el Incora en los 90 y además, un predio baldío, cuyas mejoras había comprado la petrolera Coplex y que en la actualidad se encuentra sembrado de palma. 

Además, por medio de fiducias, Major International realizó compras a pobladores y en algunos casos a empresarios como María Clemencia Corredor Castro y los hermanos Pedro Antonio y José Enrique Martínez Rodríguez, que presuntamente no cumplían con los requisitos de la Ley 160 de 1994 para que el Incoder adjudicara los predios.