Las irregularidades en la compra de los predios de La Emperatriz

La vereda de El Salado, en el Carmen de Bolívar, fue una de las zonas de los Montes de María que se vio mayormente afectada por el conflicto armado, principalmente por la presencia paramilitar. Allí tuvieron lugar dos masacres perpetradas por el Bloque Norte de las Auc, a cargo de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 el grupo armado ilegal asesinó alrededor de 60 personas que habitaban en El Salado y algunas veredas aledañas. El miedo, las amenazas, los asesinatos selectivos y la violencia generada por la llegada de los paramilitares a la zona, obligaron a miles de campesinos a abandonar sus parcelas.

En 1994, el Incora compró al hacendado Galeano Raúl Guerra Carrillo el predio La Emperatriz, en El Salado. La hacienda fue dividida en 11 parcelas, de entre 22 y 24 hectáreas, y adjudicada a igual número de familias; los predios son conocidos como:  Cuestecita, Villa Derlys, Uribía, Cotopix, Bellavista; Manaure, El Bajo, La Montañita, Siloé, Aquí sí y La Esperanza. Entre 1997 y el 2000 varios campesinos se vieron obligados a desplazarse por la violencia que se vivía en la zona. Pero con el volumen de predios abandonados, el ascendente número de familias desplazadas y el asedio de los paramilitares del Bloque Norte; entre 2001 y 2004, mientras unos campesinos salían desplazados de El Salado, cientos de familias de otros corregimientos y veredas de Bolívar, también expulsadas por la violencia, llegaban a la vereda. Así poco a poco un segundo grupo de 17 familias llegó a ocupar los predios abandonados de La Emperatriz.

Entre 2005 y 2007 los adjudicatarios de los predios Villa Derlys y Bellavista solicitaron ante Comité de Atención Integral a la Población Desplazada del Carmen de Bolívar la protección de sus parcelas. Sin embargo, en 2007 Jairo Carlos Bayuelo Ochoa contactó a algunas de las familias para comprarles las tierras que habían abandonado. Bayuelo era el comisionista de Álvaro Echeverría, un reconocido empresario antioqueño, amigo del expresidente Álvaro Uribe y uno de los mayores compradores de tierras en los Montes de María. Ese mismo año los dueños de 7 predios (Uribía, Bellavista, Manaure, El Bajo, La Montañita, Siloé y Aquí Sí) vendieron sus propiedades a Echeverría. El empresario pagó alrededor de 6 millones de pesos por parcela, es decir, 300 mil pesos por hectárea.

Con el predio Cuestecita, el empresario adquirió de forma irregular 8 de los 11 predios que habían sido adjudicados por el Incora; pues, además de comprar varias parcelas protegidas por el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada del Carmen de Bolívar, se encontraron algunas irregularidades en las firmas de los documentos de compra y venta. En el 2010, Echeverría vendió los siete primeros predios que adquirió a la empresa cementera Argos por un valor de 60 millones de pesos cada uno, es decir, 10 veces más del precio que él había pagado. Argos afirma haber comprado con “buena fe exenta de culpa” y sin conocimiento de la negociación entre Echeverri y los campesinos.

Argos decidió llegar a un acuerdo con los campesinos y formar la figura de comodato en las 140 hectáreas de La Emperatriz. Es decir, que las propiedades son de la empresa, pero las familias pueden producirlas en préstamo gratuito con el fin de desarrollar proyectos productivos a largo plazo. Sin embargo, las magistradas del Tribunal Superior de Cartagena ordenaron devolver el predio Cuestecitas a sus propietarios originales. Algunos campesinos decidieron repartirse las tierras entre los propietarios originales y los segundos ocupantes. Sobre los segundo ocupantes, la Unidad de Restitución de Tierras les ofreció incluirlos en el programa de segundos ocupantes, que busca reconocer los derechos de campesinos que fueron víctimas de la violencia y que explotan una tierra de las cuales no son los titulares iniciales.  Además el director de la Unidad aclaró que si los segundos ocupantes solicitan la formalización de la tierra, y ninguno de los campesinos adjudicados en 1994 se opone, la parcela podrá ser entregada a los segundos ocupantes.