Al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí le restituyeron los derechos sobre el territorio

El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí comprende 54.776 hectáreas,  entre el sur del Río Naya y el norte del río Cajambre, al sur del Valle del Cauca, administrando las veredas El Encanto, El Firme, Barranco de Reyes, La Primavera, Veneral del Carmen, Papayo, San Antonia, San Miguel, El Águila, San Jerónimo, San José, San Antoñito y Juntas. Esta condición los ubica en una zona estratégica disputada por el narcotráfico, pues es un corredor natural que desemboca en el mar Pacífico. Por esto, a finales de la década de los 80 llegó el Frente 6 de las Farc, y diez años más tarde se le sumó el Frente 30 de esa misma guerrilla, convirtiéndose en los primeros actores armados ilegales con presencia en esa región. Finalizando la década de los 90, aparecieron en la región las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, hecho que aumentó los desplazamientos a lo largo del río Yurumanguí.

En la Semana Santa de 2001 el grupo paramilitar, que ya se hacía llamar Bloque Calima, perpetró la masacre del Naya, donde transitaron del 10 al 13 de abril los poblados aledaños al río Naya. Según las víctimas, más de 100 personas fueron asesinadas, cifra que no pudo ser corroborada pues varios cuerpos fueron descuartizados y no pudieron ser identificados, afirmó Medicina Legal. Alrededor de 3.000 campesinos, pescadores, indígenas y afrodescendientes fueron desplazados hacía Jamundí y Santander de Quilichao. Hébert Veloza alias H.H., cabeza del bloque paramilitar, envió a 200 de sus hombres a esa región, pero después de cumplir con la matanza quedaron a merced de la fuerza púbica. Alrededor de 70 paramilitares fueron capturados y otros 30 quedaron atrapados en El Naya.

Por medio del proceso de Justicia y Paz, paramilitares que participaron de la masacre aseveraron que, con la intención de desviar la atención de ese grupo paramilitar, un coronel de la Armada Nacional aconsejó cometer otro acto violento a nombre de las Farc y así huir de las capturas. Por eso, el 29 de abril de ese mismo año llegaron 18 paramilitares a la vereda El Firme, que hizo parte de las 13 que conformaron el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí; allí, vestidos de guerrilleros, asesinaron a 7 personas y violaron a una mujer. Toda la población de El Firme fue desplazada y continúa sin regresar, mientras que las veredas vecinas El Barranco y Veneral del Carmen fueron parcialmente abandonadas.

El Bloque Calima se desmovilizó en el 2004, hecho que llenó de esperanza a los yurumangueños que querían volver a su tierra. Pero cuando la comunidad apeló al Decreto Ley 4635 de 2001, solicitando la restitución del territorio, el Consejo se  dio cuenta que sobre el título colectivo de Yurumanguí habían escrituras a nombre de la empresa antioqueña Pacific Mines S.A.S, que además, había solicitado en el 2013 dos concesiones mineras a la Agencia Nacional Minera.

El extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, ejecutó en 1969 el mecanismo de extinción de dominio, argumentando inexplotación económica sobre 120.000 hectáreas que comprenden los territorios Yurumanguí, Naja y Calambre y San Juan de Micay. Ese territorio le pertenecía a la familia Dussan que lo heredó en 1745, y en 1984 crearon Agrominas de Yurumanguí, Naja y Cajambre S.A.S, cuyas actividades mineras, denunció la familia, fueron impedidas por el conflicto armado. La comunidad de Yurumanguí se organizó como comunidad étnico-territorial en la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí, Aponury, en 1992, y 6 años más tarde la Alcaldía de Buenaventura reconoció las 13 veredas dentro de su territorio. El 23 de mayo del año 2000 el Incora les otorgó el título colectivo de 54.776 hectáreas, que salieron de las 120.000 que fueron extinguidas a los Dussan.

El Incora nunca registró la extinción de dominio ante una oficina de Instrumentos Públicos, y por ende, los Dussan nunca fueron notificados de esa decisión. La empresa Pacific Mines S.A.S compró en el 2011 las 120.000 hectáreas que habían sido extinguidas a la familia Dussan, quienes aún tenían los títulos de propiedad. El Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali, tuvo que corregir el error del Incora, dictando una sentencia que restituye los derechos territoriales al Consejo Comunitario y lapida las intenciones de Pacific Mines S.A.S sobre el territorio.

La sentencia, que se convirtió en la octava en el país de restitución étnica y la segunda en reparar a comunidades afrodescendientes, prohíbe cualquier actividad minera distinta a la tradicional y ordena la reparación de 2.918 personas. En adición, Yurumanguí deberá tener prioridad en los programas de subsidio que elabore el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Cali, en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca, tendrá que construir un plan de retorno para quienes continúan desplazados. La decisión le da 3 meses a la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social para desarrollar procesos productivos en Yurumanquí y recibirán preparación en producción agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje.