El pueblo Jiw lleva 57 años esperando el reconocimiento de su territorio ancestral

A poco de desaparecer, el Jiw es uno de los últimos pueblos seminómadas que quedan en Colombia. Durante los últimos 20 años, esta etnia ha sido víctima del acoso de todos los actores del conflicto armado, de múltiples olas de desplazamiento forzado, de las minas antipersona, de las afectaciones ambientales del glifosato, de la ocupación de colonos y de la indiferencia del Estado. En el año 2012, la Corte Constitucional los declaró en riesgo de exterminio y, en consecuencia, ordenó al gobierno adelantar un Plan de Salvaguarda, que aún no ha llegado de manera integral al territorio.

Según Codhes, Acnur y la Gobernación del Meta, entre 1997, año de la entrada paramilitar a la zona, y 2011 los Jiw han sido desplazados forzadamente al menos 17 veces. El 60 por ciento de la etnia vive desplazada en San José del Guaviare y en Mapiripán, municipio recordado por la masacre con la que los ‘paras’ de las Auc marcaron su entrada a la región. Desde entonces, la violencia no ha cesado contra esta etnia, que no concibe el territorio como una porción de tierra sino como la esencia de su existencia y de su cultura.

En 2016, los Jiw del Resguardo La Fuga, junto a la Unidad de Restitución de Tierras del Meta, interpusieron una demanda ante un juzgado de San José del Guaviare para reclamar sus derechos territoriales, que han sido torpedeados durante los últimos 57 años por las distintas instituciones agrarias responsables del agro en Colombia. En 1961 les destinaron 13.250 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía, pero no fue sino hasta 1979 que el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, creó la Reserva Indígena de La Fuga, de 8.360 hectáreas de extensión. 20 años después se constituyó el resguardo, pero se dejaron por fuera 4.680 hectáreas del territorio ancestral.

El Incora argumentó su decisión excusándose en que allí también vivían colonos, desconociendo la figura de Reserva. La comunidad continúa reclamando el reconocimiento de sus derechos étnicos, no solo en la titulación de esas más de 4 mil hectáreas, sino también en el respeto de su autonomía y prácticas culturales, para que los colonos no adelanten proyectos de ganadería y pesca indiscriminada, se conserven los recursos ambientales y les consulten previamente antes de llevar a cabo proyectos de infraestructura en sus territorios.

Entre otros desaciertos institucionales, el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en 2009 le adjudicó tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado dentro de la Reserva Indígena. Tres años después reconoció su error y revocó los títulos. Al no tener más para dónde ir, por lo menos 20 familias, también víctimas, continúan habitando estas tierras.

En medio de la confrontación Farc vs Auc, los Jiw fueron estigmatizados de “colaborar” con uno u otro bando y, por tanto, fuertemente victimizados. Sus niños fueron reclutados y sus tierras usadas para el cultivo de coca y la producción y comercialización de cocaína. Tras la desmovilización de las Auc (2004-2006), nuevas bandas criminales, conformadas principalmente por ‘exparas’ y narcotraficantes, continuaron sometiendo a las comunidades y restringiendo su movilidad y libre desarrollo cultural. La etnia Jiw espera que su demanda prospere, que les sean reconocidos sus derechos territoriales y que sean reparados por todos estos años difíciles.