Titulación indebida en La Porcelana

A partir de 1980, un grupo de campesinos se asentó en un terreno abandonado en la vereda La Porcelana del municipio de Cáceres, Antioquia. Por más de 15 años varias familias explotaron estos terrenos y lo dividieron en 16 parcelas. En los años noventa estos campesinos presentaron la solicitud al Estado para recibir los derechos de titulación sobre los predios. Sin embargo, en los registros apareció que el terreno había sido adjudicado al señor Horacio Restrepo desde 1959, pero él no había utilizado las tierras desde entonces.

Mientras paramilitares del Bloque Mineros presionaban a los campesinos de la región para que dejaran las tierras, Álvaro Ignacio Echavarría, empresario y amigo cercano de Álvaro Uribe Vélez, se presentó ante el Incora reclamando el terreno en 2002. Echavarría era el representante legal de la Sociedad Agrícola La Porcelana Ltda y alegaba que Horacio Restrepo le había cedido el terreno. Echeverría aseguró que la empresa se había mantenido ausente del predio por la presencia de los paramilitares y mostró los contratos de compraventa forzados para recuperar la tierra.

En 2007, El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que asumió las funciones del Incora, entregó 417 hectáreas, de las 546 de la finca La Porcelana, para distribuirlas entre los campesinos. Echeverría reclamó esa decisión y ese mismo año las tierras pasaron nuevamente a la empresa. A los 18 días, la Sociedad Agrícola La Porcelana Ltda vendió la finca a al señor Luis Carlos Arango, de quien no se encontró información.

Por eso, a pesar de que en 2008 el Comité Municipal para la Atención Integral de Población Desplazada (Claipad) protegió los derechos de los campesinos parcelarios como poseedores, ocupantes y tenedores de la tierra, no se pudo restituir el terreno pues la finca pertenecía legalmente a un nuevo dueño.

Gracias a la insistencia de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en 2011, la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos y el predio volvió a manos del Estado. Pero Álvaro Echeverría volvió a insistir con una demanda de revisión ante el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que la finca ya había sido vendida. Actualmente, la propiedad se encuentra en manos de la Agencia Nacional de Tierras, que en 2016 asumió varias funciones del Incoder. Mientras el Consejo de Estado resuelve el caso, no queda en firme la venta de Echeverría y los campesinos no pueden recibir los títulos de esas tierras.