Los parceleros acosados por la justicia

En 1988 desconocidos asesinaron a Karl Mergenthaler, propietario de la hacienda El Guamito, compuesta por cerca de 701 hectáreas y ubicada en el corregimiento San Pedro Consolado, del municipio de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Bolívar. Tras el crimen, varios campesinos que trabajaban como jornaleros permanecieron en la finca, cultivando alimentos como yuca, maíz, ñame y aguacate.

Posteriormente, el predio fue vendido en tres oportunidades mediante actos irregulares. Pese a ello, los campesinos continuaron trabajando la tierra amparados en la firma de contratos de arrendamiento con los sucesivos dueños. En 1996, el entonces propietario, Rómulo Betancourt, les anunció a los parceleros que le vendería El Guamito al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), por lo que podían seguir trabajando la tierra dado que, según él, les sería adjudicada.

Tras el anuncio, los cerca de 45 campesinos que cultivaban la finca crearon un Comité de Usuarios y le solicitaron la adjudicación al Incora. No obstante, el Instituto le tituló El Guamito a 28 personas, 22 de las cuales no tenían relación con la finca o no cumplían los requisitos de ley. De acuerdo con los parceleros, buena parte de los nuevos adjudicatarios eran “cuotas” del Partido Conservador y del alcalde de San Juan Nepomuceno, Domingo Bustillo (1995-1998), investigado por nexos con el paramilitarismo y por el asesinato en 1997 del alcalde de El Guamo, Carlos Quiroz.

Por considerar que el Incora los había despojado, los integrantes del Comité de Usuarios decidieron permanecer en las parcelas. En 1997, otros 50 campesinos de San Pedro Consolado ingresaron a El Guamito en solidaridad por la decisión adversa del Instituto. Los nuevos tenedores se unieron al Comité y empezaron a trabajar la tierra.

Ante la permanencia de los parceleros, los recién nombrados adjudicatarios emprendieron acciones legales, tales como la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía por el delito de invasión de tierras y la solicitud ante las autoridades municipales de acciones policiales para conseguir el desalojo del predio. Durante estos procedimientos, llevados a cabo en 1997 y 1999, la Fuerza Pública quemó ranchos, cortó cultivos de pancoger y maltrató a varios de los parceleros, a quienes instó a abandonar las tierras.

A la par que enfrentaron procesos judiciales y administrativos, los campesinos fueron víctimas de los paramilitares desde 1996, cuando estos últimos empezaron a asesinar personas cercanas al Comité de Usuarios y a amenazar a sus integrantes.

La situación de violencia se agravó en 2001. En ese año, un jefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conocido como ‘El Chino’, les dio un plazo de 15 días a los parceleros para que abandonaran la finca. Tras el desplazamiento, varios líderes del Comité arriesgaron sus vidas para reunirse con el paramilitar y pedirle que les permitiera seguir cultivando el predio, del que dependía su subsistencia. Pocos días después, los campesinos decidieron regresar por sus propios medios.

Los procedimientos policiales continuaron en 2002: la Fuerza Pública quemó siete ranchos; cortó cultivos de yuca, naranja, maíz, ají y plátano; dañó enseres de la comunidad; y sacó por la fuerza a varios de los parceleros. Desde entonces, los campesinos optaron por trabajar la finca en el día y dormir en el centro poblado del corregimiento.

Pese a los continuos hostigamientos, y a la violencia generalizada que se vivía en la región por cuenta de los combates entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública, los parceleros decidieron que no se desplazarían. En la decisión influyó el hecho de que para salir de San Pedro era necesario pasar por el municipio de El Guamo, donde permanecían los ‘paras’, lo que hacía temer por la eventual ejecución de una masacre.

Actualmente, los campesinos de El Guamito esperan que sus tierras les sean restituidas integralmente en virtud de la Ley 1448 de 2011. En 2015 el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar admitió la demanda que presentó un primer grupo de 27 parceleros, mientras en 2016 el Juzgado Tercero del mismo municipio hizo lo propio con un segundo grupo de 50.

Las víctimas continúan enfrentando la oposición de los 28 adjudicatarios, quienes aseguran que nunca pudieron ingresar al predio por amenazas del Frente 37 de la guerrilla de las Farc y de los paramilitares.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​