Víctimas sucesivas reclaman predio en Pivijay

Desde 1987, el señor Daniel Sánchez estableció contratos de aparcería con varias familias campesinas para sembrar rosas y cultivos de pancoger en sus fincas La Gloria y El Alivio, ubicadas en el corregimiento La Avianca, municipio de Pivijay, en el Magdalena.

En 1992, los campesinos trabajadores de los predios conformaron un comité de usuarios ante la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), con el objetivo de conseguir la titulación de los predios que estaban bajo su posesión, con el argumento de que se encontraban en estado de abandono tras la muerte del señor Sánchez, ocurrida en 1989.

En 1992, el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) inició un trámite de extinción de dominio, en el que individualizó las parcelas que trabajaba cada una de las familias. Aunque el Instituto no tomó ninguna decisión respecto a la propiedad de las tierras, los campesinos continuaron haciendo posesión de ellas.

A finales de la década del noventa, tras 20 años de presencia de las guerrillas de las Farc y el Eln en la región, el paramilitarismo empezó a fortalecerse en la zona. En 1999, por petición del ganadero Saúl Severini, el entonces comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo o ‘Jorge 40’ ordenó la creación del Frente Pivijay, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Ese mismo año, las Auc cometieron múltiples crímenes en La Avianca. El 5 de junio, paramilitares salieron de la finca El Paraíso rumbo al corregimiento, donde convocaron a una reunión que fue disuelta por la guerrilla. Ambos grupos armados se enfrentaron en el pueblo, generando el desplazamiento masivo de las familias campesinas que habitaban La Gloria y El Alivio.

La violencia continuó en el 2000, cuando las Auc ejecutaron a siete personas y desaparecieron otras tres en La Avianca. En enero de 2006, paramilitares asesinaron a Víctor Ternera de la Hoz, uno de los líderes de las familias desplazadas, cuando se dirigía desde el municipio de Fundación hacia ese corregimiento. Durante esos años, algunos de los campesinos de La Gloria y El Alivio retornaron a las fincas a cuenta gotas, mientras otros continuaron desplazados sin dejar de trabajar la tierra.

En 2007, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) negó la solicitud de titulación que el comité de usuarios había realizado quince años atrás, argumentando que no había mérito para la extinción de dominio. Aun así, los campesinos permanecieron en los predios, criando ganado y manteniendo cultivos de pancoger.

En 2015, 47 familias solicitaron la restitución de La Gloria y El Alivio. No obstante, ese mismo año, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta falló en favor de la familia Sánchez, propietaria formal de los predios, que pidió su restitución material alegando que se vio obligada a dejar de explotarlos por cuenta de varias amenazas y hostigamientos recibidos por parte de las Farc y el Eln.

No obstante, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a buena parte de las familias campesinas, solicitó la nulidad de la sentencia, por considerar que el Juez debió acumular todas las solicitudes de restitución para valorar apropiadamente las condiciones en las que se encontraban los solicitantes. Especialmente porque algunos de los campesinos guardan una relación de posesión y arraigo con la tierra desde hace más de 20 años, a diferencia de la familia Sánchez. Sin embargo, la solicitud fue negada.

Considerando que los campesinos también eran víctimas y tenían derecho a la tierra por haberla trabajado durante más de tres décadas, el Juzgado Primero ordenó en 2018 que les fueran tituladas 384 hectáreas a 28 de las familias solicitantes, en un predio de “similares o mejores características”. Además, negó las 19 solicitudes restantes por considerar que los reclamantes no fueron víctimas de despojo o desplazamiento forzado.

El Juzgado también les ordenó a distintas entidades estatales incluir a las víctimas en el sistema general de salud, así como brindarles programas de formación y capacitación y desarrollar proyectos productivos en los nuevos predios.

Pese a ello, la CCJ continuó insistiendo en la necesidad de que los procesos fueran acumulados para que las solicitudes fueran consideradas en su conjunto, por lo que presentó una acción de tutela que fue favorablemente fallada por el Tribunal Superior de Cartagena y posteriormente revocada por la Corte Suprema de Justicia. En marzo de 2018, la Corte Constitucional seleccionó la decisión para su estudio.

En marzo de 2019, la Corte le dio la razón a la CCJ. En su decisión, anuló la sentencia del Juzgado Primero y ordenó la acumulación de todas las solicitudes de restitución sobre los predios El Alivio y la Gloria, que deberán ser falladas de fondo por el Tribunal Superior de Cartagena.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​