Las tierras arrebatadas por ‘Jorge 40’

En 1991, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) tituló nueve predios a nombre de familias campesinas en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, en el municipio de Chivolo, Magdalena. Un año antes, el Instituto le había comprado esas tierras a una familia de ganaderos de apellido Barrios, que decidió venderlas tras el asesinato de una de sus integrantes a manos de la guerrilla del Eln.

No obstante, fue corto el tiempo que los nuevos adjudicatarios pudieron disfrutar de los predios. Entre 1996 y 1997, comandos paramilitares asesinaron a cuatro líderes de El Encanto, generando el desplazamiento masivo de la comunidad tras el homicidio del profesor Roberto Barrios.

En el caso de Bejuco Prieto, entre 1993 y 1997 tres de las familias adjudicatarias fueron víctimas de asesinatos y amenazas por parte de la guerrilla de las Farc, mientras las otras tres sufrieron intimidaciones por parte de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Entre 2002 y 2003, el entonces comandante del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, consiguió que el Incora revocara las resoluciones de 1991 que beneficiaban a las familias campesinas. Para ello, se alió con José Fernando Mercado, gerente del Instituto en el Magdalena, quien fue condenado por esos hechos en 2012.

Tras efectuarse el despojo jurídico, dos de las parcelas de El Encanto quedaron a nombre de Efraín y Víctor Pimienta, ganaderos de la región y familiares del exconcejal de Sabanas de San Ángel Pedro Pimienta, firmante del Pacto de Chivolo, acuerdo mediante el cual políticos y paramilitares acordaron elegir candidatos a la Asamblea del Magdalena y a concejos y alcaldías del departamento durante las elecciones de 2001.

En 2011, tras conocerse las alianzas a las que habían llegado el Bloque Norte con funcionarios y políticos de la región, la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar las resoluciones de comienzos del 2000 con las que el Incora despojó a los campesinos de sus tierras.

No obstante quedar probado que los paramilitares participaron activamente en el despojo, las autoridades constataron posteriormente que seis de los nueve predios despojados en Bejuco Prieto y El Encanto fueron ocupados por familias campesinas que establecieron relaciones de subsistencia con la tierra.

En 2018, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena ordenó la restitución de las nueve parcelas a los primeros adjudicatarios. En seis de los casos, el Tribunal reconoció que los nuevos ocupantes eran campesinos en situación de vulnerabilidad y ordenó que fueran compensados económicamente.

Entre otras medidas reparadoras, el fallo ordenó que las víctimas fueran incluidas en programas de asistencia técnica, adecuación de tierras, proyectos productivos, vivienda de interés social rural y capacitación.

El Tribunal también compulsó copias a la Fiscalía para que investigue los hechos victimizantes.

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Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​