Medidas cautelares para proteger a la comunidad Sikuani

La historia del predio El Socorro o Ibitsulibo-matatú comienza en 1968, cuando el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, constituyó la Reserva Indígena de San Rafael de Planas ubicada a tres horas de Puerto Gaitán, Meta. Ese lugar corresponde la parte oriental del terreno que los indígenas Sikuani del resguardo indígena Domo-Planas conocen como Ibitsulibo-matatú.

Es un predio utilizado para actividades de caza, pesca, agricultura y supervivencia de la comunidad. Es además un sitio sagrado, pues está asentado sobre un cementerio donde está el indígena Kekerre. También hay un árbol de yopo, tradicional para los chamanes en sus ceremonias espirituales.

Los problemas con el terreno comenzaron en 1991, cuando el mismo Incora tituló una porción de la reserva a Pascual Pérez Pérez, quien la bautizó como El Socorro. Además, el 28 de enero del mismo año el Incora les entregó a los indígenas un título colectivo por 37 mil hectáreas. El error estuvo en que el Incora no debía entregar títulos a particulares de un terreno sobre el que ya había sido constituido como reserva indígena.

Entre 1990 y 2006, El Socorro pasó de ser un predio sagrado indígena a ser un laboratorio para el procesamiento de cocaína y escondite de los paramilitares. Los indígenas de Domo-Planas sobrevivieron a la presencia del Frente 39 de las Farc y años más tarde a las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, también conocidos como ‘Carranceros’. La violencia en el territorio persiste de parte de bandas criminales.

En 1997, según los folios de matrícula, Campo Aníbal Camacho Mora le compró el terreno a Pascual Pérez. Ese mismo año, el resguardo solicitó al Incora una ampliación de su territorio. En el año 2000 el predio fue transferido a Salomón Camacho, el último titular antes que pasara a extinción de dominio a la Fiscalía General de la Nación. En 2010, Salomón Camacho, último titular del predio El Socorro, fue capturado en Venezuela por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos. En 2016 lo condenaron a 11 años de prisión.

Ante la escasez de tierra productiva, los habitantes de Domo-Planas comenzaron a sembrar alimentos en 2013. Sin embargo, la parte en que sembraron se superponía con parte del predio que le pertenecía a Camacho. Por eso, el predio debía estar en proceso de extinción de dominio y los indígenas fueron desalojados en ese momento.

En 2016, el desalojo se pudo evitar mediante la medida de protección impartida por un juez especializado en restitución. El 15 de mayo de 2017, la Secretaría de Vivienda del Meta adjudicó subsidios de vivienda de interés prioritario a 56 familias del resguardo indígena Domo-Planas.