La Larga - Tumaradó, una lucha conjunta de campesinos y afros por su derecho a la tierra

Justo en el límite entre los departamentos Chocó y Antioquia, un grupo de afros y campesinos reclaman alrededor de 107 mil hectáreas que hacen parte del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó. El territorio está conformado por 48 comunidades negras y familias campesinas, y abarca los municipios de Riosucio, en Chocó, y Turbo, en Antioquia. Sus habitantes, además de haber sido víctimas de la violencia indiscriminada, por parte de diferentes grupos armados, se vieron forzados a abandonar sus territorios y siguen a la espera de la restitución. Los predios, que hoy le pertenecen a un gran grupo de empresarios, están dedicados a la ganadería y el cultivo de palma de aceite y teca.

Aunque en la zona hubo una fuerte presencia guerrillera durante varios años, fue la llegada de los paramilitares, a cargo de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’; y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, que a finales de los 90 disparó el número de asesinatos y desplazamientos masivos. Los paramilitares llegaron a la zona intentando controlar uno de los corredores más importantes para las Farc en el Bajo Atrato chocoano. Los abandonos masivos por parte de las comunidades étnicas y campesinas se convirtieron en una oportunidad, para empresas y ganaderos, de adquirir grandes extensiones de tierra a muy bajos costos, y muchas veces por medio de acciones fraudulentas. Empresarios como Jaime Uribe Castrillón, Luis Fabio Moreno Ruiz y Ángel Adriano Palacios Pino, alias ‘El Negro Pino’, entre otros,  han sido los principales poseedores y opositores del proceso de restitución de tierra en la zona.

La falta de visibilidad de su caso, la carente ayuda gubernamental y la necesidad de vivienda hicieron que a finales del 2010 los habitantes decidieran volver a sus predios por su cuenta. Sin embargo, al no contar con acompañamiento estatal muchos de ellos fueron tildados de “invasores ilegales”. Por lo que, para el 2014, mientras la Unidad de Restitución de Tierras iniciaba el proceso para que el Consejo Comunitario hiciera parte del registro nacional de tierras despojadas y abandonadas, mediante la resolución RZE-0052 del 10 de septiembre de 2014; los policías sacaban a la fuerza a las familias que habían regresado a sus predios.

El 12 de diciembre de 2014 el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó profirió el Auto 181, por medio del cual señalaba que no se trataba de invasores sino de víctimas de la violencia que habían tenido que abandonar sus tierras. Además, el juez impuso varias medidas para la protección de 39 de las familias pertenecientes a la comunidad La Madre. Sin embargo, los desplazamientos masivos son solo un problema de los muchos que han dificultado el proceso de restitución a la comunidad, pues la gran extensión del territorio, las inconsistencias del catastro para establecer a qué departamento pertenece la tierra, la hectáreas que hacen parte de la reserva forestal del río León y la existencia de propiedades privadas dentro del territorio, son muchas otras razones que no han permitido restituir la tierra a la comunidad.

Este es uno de los casos más complejos en el país; aunque desde 2014 se ha venido trabajando en la demanda de restitución, el caso no ha avanzado. Por esta razón, el 16 de junio del 2017 el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Regional Chocó y a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura que investigaran a Elkin Rocha, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Urabá, por las demoras injustificadas en el trámite de solicitud de restitución.

Además, en septiembre de 2017 la comunidad se dio cuenta de la existencia de un título minero concedido en 2013 a la multinacional Anglogold Ashanti, para la explotación de cobre, plata, platino, molibdeno, oro y mineral de zinc; lo que complica aún más el proceso de restitución. Ante la situación la URT señaló que dentro de la demanda no se incluiría la petición de nulidad de la concesión, sino una suspensión momentánea del título. Lo anterior aumentó la preocupación de los pobladores, pues esto implica que aun si el juez de tierras falla en favor del consejo comunitario, restituyendo sus derechos sobre el territorio colectivo, la multinacional minera podría continuar con la explotación del territorio. Finalmente el 1 de diciembre del 2017 se radicó la demanda ante el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó, Chocó. Durante el proceso han sido asesinados tres líderes de la Consejo, por lo que campesinos y afro piden al gobierno que se les garantice su derecho a la vida mientras el proceso continúe.