Casos

 La astucia palmera de Jiguamiandó

Datos principales

  • Ciudad o municipio:  Carmen del Darien, Chocó
  • Tipo de comunidad: Afrodescendiente
  • Número de predios: Sin información
  • Número de hectáreas: 46459

La Historia

El caso de la Comunidad de Jiguamiandó, ubicada en el oriente del departamento de Chocó, en límites con Antioquia, se convirtió en uno de los procesos más representativos en cuanto a restitución de tierras se refiere, ya sea por las numerosas hectáreas protegidas por la Ley 70 de 1993 que fueron explotadas ilegalmente por foráneos, o por las múltiples violencias que han vivido, y siguen sufriendo las comunidades afro del Bajo Atrato chocoano.

La comunidad afrocolombiana de Jiguamiandó se vio obligada a desplazarse entre 1996 y 1997 por los constantes enfrentamientos entre los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc, en apoyo con la Brigada 17 del Ejército Nacional, en contra de la guerrilla de las Farc. Aprovechando el abandono por parte de la comunidad, empresarios y paramilitares lograron su objetivo principal: apropiarse ilegalmente de las tierras para explotarlas en proyectos agroindustriales de palma de aceite y obtener beneficio económico.

Algunos habitantes desplazados regresaron a sus fincas, pero lo paramilitares, por medio de amenazas, desplazamientos, documentos falsos y accesiones irregulares, se apoderaron de los territorios de las comunidades para después explotarlas con varias empresas palmeras. En algunos casos, se realizaban reuniones entre paramilitares con empresarios y dueños de tierras para presionarlos a vender sus fincas a precios insignificantes. Ante tal situación, muchos habitantes decidieron abandonar sus tierras por temor de las amenazas; otros que se resistieron, se enteraron que sus predios fueron vendidos sin su conocimiento.

Los actos realizados por los empresarios que llegaron desde 1997, bajo la invitación de Vicente Castaño Gil, fueron aprobados por el mismo Estado con múltiples irregularidades. El modus operandi de algunos de los empresarios palmeros era convertir las parcelas entregadas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en grandes latifundios, modificando el número de hectáreas de los terrenos en los documentos. Una vez los predios eran despojados, las empresas palmeras se encargaban de extraer, mediante la tala de árboles, la madera de la región. Seguidamente, plantaron grandes cultivos de palma de aceite para su explotación. Los paramilitares junto a los empresarios canalizaron ríos, robaron ganado, afectaron la fauna de la región y construyeron vías que ocasionaron grandes daños medioambientales.

A pesar de que la cuenca del río Jiguamiandó está salvaguardada por la Ley 70 de 1993 y sus tierras adjudicadas en múltiples resoluciones por el Incora, la comunidad de Jiguamiandó hasta el momento no ha podido ejercer su derecho a la titulación colectiva de forma apropiada.

A 2018, líderes y lideresas de restitución de tierras como Manuel Denis Blandón, Félix Alvarado, Erasmo Sierra, Benjamín Sierra, Rumualdo Salcedo, Melkín Romaña, María Ligia Chaverra, Argemiro Bailarín, Eustaquio Polo, Eleodoro Polo, Yomaira González y James Ruíz se encontraban en situación de riesgo, debido a que estarían siendo objeto de presuntos actos de violencia, incluyendo amenazas y hostigamientos.

Momentos clave

Personas y empresas clave

Personas relacionadas al caso<
  • Personas X Caso: 
    Relacion con el caso: 

    Designado por Castaño Gil para solucionar problemas de adjudicación de tierras en el caso de Urapalma S.A.. Es uno de los principales responsables de la expansión de Urapalma S.A. en el Bajo Atrato chocoano, ya que se encargaba de la adquisición de las tierras.

    Relacion con el caso: 

    Ideó las estructuras legales para la apropiación de tierras de las comunidades negras. Perpetró desplazamiento en la región afectada.

    Relacion con el caso: 

    Cumplió un papel fundamental en la expropiación de tierras a las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Según los testimonios de Raúl Hasbún y Hebert Veloza Zapata, era el encargado de legalizar las tierras despojadas con funcionarios del Incora.

    Relacion con el caso: 

    Representante legal de Palmura S.A. y socio de Urapalma S.A. Condenado a diez años de cárcel y a una multa por 2.683 salarios mínimos mensuales vigentes por la Sala Penal Tribunal Superior de Medellín (Antioquia).

    Relacion con el caso: 

    Ordenó la operación ‘Génesis’ desde su comandancia de la Brigada 17, en asocio con grupos paramilitares, con la intención de despojar las zonas para después ser explotadas por empresas agroindustriales. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo responsabilizó por más de 300 crímenes, entre asesinatos y desapariciones, en la comunidad de Cacarica, Dabeiba, San José de Apartadó, Curvaradó y Jiguamiandó.

    Relacion con el caso: 

    En algún momento fue la representante legal de Urapalma S.A. Así mismo, según testigos del caso, fungía como paramilitar cuidando, con camuflado y fusil en mano, los sembradíos de palma de aceite.

    Relacion con el caso: 

    Intermediario entre los desplazados y las empresas en negocios de compra-venta.

    Relacion con el caso: 

    Intermediaria del despojo de tierras en el Urabá antioqueño en asocio con el Fondo Ganadero de Córdoba.

  • Empresas X Caso: 
    Nombre de la empresa: 
    Relacion de la empresa con el caso: 

    Establecida en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó desde aproximadamente el año 2000 con el objetivo de realizar el proyecto agroindustrial de explotación de palma de aceite. Trabajó de manera mancomunada con el grupo paramilitar de la ‘Casa Castaño’ para controlar las tierras apropiadas ilegalmente.

    Nombre de la empresa: 
    Relacion de la empresa con el caso: 

    Establecida en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó desde aproximadamente el año 2003 con el objetivo de realizar el proyecto agroindustrial de explotación de palma de aceite. Trabajó de manera mancomunada con el grupo paramilitar de la ‘Casa Castaño’ para controlar las tierras apropiadas ilegalmente.