Emberas de Acandí exigen el reconocimiento de su territorio ancestral

En la frontera con Panamá, en el municipio de Acandí, Chocó, 21 familias de la etnia Embera Katío viven desprotegidas en los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito. La minería ilegal, la presencia de cultivos de uso ilícitos bajo el control de grupos armados ilegales, el desarrollo de obras de infraestructura sin consulta previa y la invasión de sus predios por parte de colonos son algunas de las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas.

En el 2001, el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, le reconoció a los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito 4.499 y 270 hectáreas, respectivamente, pero la comunidad indígena lleva años esperando que la institucionalidad agraria, ahora Agencia Nacional de Tierras, le reconozca un territorio ancestral de 10 mil hectáreas. En el caso de Chidima-Tolo, el Incora fragmentó el resguardo en tres lotes de tierra distantes entre sí, lo que, según los indígenas, ha sido aprovechado por los grupos criminales para trazar rutas del narcotráfico y aumentar los cultivos de uso ilícito.

Los Embera de Acandí han vivido confinados durante años por las intimidaciones del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc y del Frente 57 de las Farc, antes de que ambos grupos de desmovilizaran, y por las agresiones de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o ‘Clan del Golfo’. Grupos que se han disputado el control del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal en la región. Sus fuentes hídricas, recursos ambientales y derechos étnicos, de igual modo, se han visto afectados por el incremento de la entrada de retroexcavadoras utilizadas para extraer oro a gran escala de manera ilegal.

La preocupación de los indígenas también ha estado relacionada con la construcción de la vía Acandí-Unguía y las actividades de prospección minera de la empresa Gold Plata, que se adelantaron en sus territorios sin consulta previa. Las concesiones mineras habían sido otorgadas a la empresa Minerales del Darién S.A., ahora liquidada. Por otro lado, un proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, de la empresa Interconexión Eléctrica S.A., también fue planeado en la zona.

Entre 2009 y 2011, la Corte Constitucional profirió un auto y una sentencia para mitigar estos riesgos y llevar una respuesta integral del Estado a este lejano territorio. En 2009, mediante el Auto 004, la Corte advirtió del riesgo de desaparición de la etnia Embera Katío y de otros 33 pueblos indígenas y, dos años después, a través de la sentencia T-129 ordenó a diferentes instancias del gobierno priorizar y acompañar el Plan de Salvaguarda Étnica y la consulta previa para los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito.

La Corte ordenó la suspensión de las obras de la carretera Acandí-Unguía y de todas las actividades mineras en el territorio, toda vez que no se haya concertado con las comunidades mediante consulta previa y, en ese sentido, advirtió a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. gestionar la consulta previa “en el evento de que el proyecto sea viable y si en el proceso de planificación se advierte la potencialidad de afectar a las comunidades étnicas”. Según informó la empresa Gold Plata, interesada en los minerales del territorio, los títulos mineros concedidos a Minerales del Darién S.A. se encontraban en etapa de exploración técnica para 2011, fecha en la que la Corte Constitucional ordenó su suspensión.

Ante la indiferencia del Estado y el incumplimiento de la sentencia, en abril del 2016, un juez especializado en restitución de Quibdó le solicitó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo hacerle seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucional. Además, el juez falló para que se tomen medidas de protección a favor del pueblo Embera y de sus líderes, que lo necesiten, y medidas para impulsar el fortalecimiento y la creación de la Guardia Indígena para los resguardos asociados al Cabildo Mayor del Darién Chocoano (Camidach), como es el caso, y la ampliación del territorio colectivo. A julio de 2018, el territorio ancestral de 10 mil hectáreas que exigen los indígenas de Chidima-Tolo y Pescadito no ha sido reconocido y sus condiciones de protección, garantizadas.