Efromovich y la palma en la Bellacruz

La Bellacruz es una hacienda ubicada en el departamento del Cesar, cerca del río Magdalena. Este ha sido un extenso predio en el que se desarrolla un proyecto agroindustrial de palma de aceite y un escenario de la violencia paramilitar y guerrillera que ha desplazado en varias ocasiones a campesinos que reclaman parte de sus tierras.

La historia de la hacienda comienza en la década de los cincuenta, cuando el hacendado Alberto Marulanda adquirió un enorme predio de más de 25 mil hectáreas en los límites de los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya.  Dos décadas después, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, le compró a la familia Marulanda 11 mil hectáreas para entregárselas a una comunidad campesina que había llegado a la zona a ocupar parte de la hacienda.

En ese momento, los campesinos, que no paraban de llegar a la región en busca de tierra, descubrieron que la familia Marulanda no tenía los títulos de propiedad de 1.500 hectáreas dentro de la hacienda y que esos terrenos eran baldíos de la Nación.

En 1986, 64 familias entraron a la zona de la hacienda señalada de ser un terreno baldío, pero rápidamente fueron desalojadas por la Policía. Este fue el principio de un largo camino de disputas contra la familia Marulanda, en este momento en cabeza de Carlos Arturo Marulanda Ramírez, nombrado ministro de Desarrollo para la época, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco.

Los campesinos protestaron insistentemente ante el Incora, que a finales de los ochenta decidió comprarle otra parte de la hacienda a los Marulanda, en vez de intentar recuperar el terreno que los campesinos reclamaban como baldío. VerdadAbierta.com documentó que, mientras tanto, la comunidad ocupó una pequeña parte del predio a la espera del trámite del Incora.

El proceso para comprar las tierras por parte del Incora comenzó, pero rápidamente surgieron más problemas.  En los predios aparecieron 30 familias de trabajadores de los Marulanda. Además, el ELN realizó una incursión en la que asesinó a cuatro empleados de los hacendados.  Con este hecho violento, varios campesinos tuvieron que abandonar la hacienda, pero al mismo tiempo, llegaron nuevas familias a ocupar los terrenos que encontraron libres.

Mientras tanto, las 64 familias seguían a la espera del proceso del Incora, que no avanzaba.  En 1994, esta misma entidad del gobierno emitió una resolución en la que concluía que, en efecto, las 1.500 hectáreas eran un terreno baldío, pero en vez de tratar de recuperar este predio, insistieron en seguir con el proceso de compra de los predios, que finalmente concretó en 1995.

Desde ese punto todo empeoró para los campesinos. En 1996 llegaron los paramilitares de Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’, y con amenazas y asesinatos desplazaron a casi todos los reclamantes de tierras que habían llegado a la hacienda. Como lo documentó VerdadAbierta.com, el exparamilitar Alfredo Rincón, en una indagatoria dentro de un proceso de justicia ordinaria declaró que Francisco Alberto Marulanda, hermano del exministro Carlos Arturo, lo llevó en una avioneta a sobrevolar la hacienda para planear el desplazamiento de todos los campesinos.

Los hermanos Marulanda tuvieron que afrontar procesos judiciales por estos hechos. Carlos Arturo estuvo en prisión unos meses, pero quedó libre, durante una investigación, mientras Francisco fue condenado a 18 años de prisión, pero absuelto en segunda instancia por el Tribunal del Magdalena.

La violencia disminuyó con la desmovilización paramilitar en 2006. Durante casi una década los campesinos deambularon en varias zonas el país y nunca se enteraron que el Incora les había titulado a algunas familias predios de las tierras que había comprado en 1995.  La misma entidad, revocó las adjudicaciones años más tarde, sin notificar a los reclamantes.

Para 2008, cuando los campesinos regresaron, se encontraron con la sorpresa que gran parte de la hacienda estaba cultivaba con palma aceitera.  Ese año, los Marulanda le vendieron toda la hacienda, incluidas las 1.500 hectáreas que había declarado baldías el Incora, a la compañía agroindustrial la Dolce Vista, del empresario Germán Efromovich, presidente de la aerolínea Avianca.

Los campesinos continuaron reclamando las tierras que consideraban suyas, recurriendo a los beneficios que les otorgaba leyes como la 975 de Justicia y Paz, que ofrecía una reparación a quienes sufrieron por la violencia paramilitar o la 1448 de Víctimas en 2011.  

En 2013, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, que reemplazó al antiguo Incora desde 2003, ratificó la decisión que había tomado esta última entidad en 1994: las 1.500 hectáreas que reclamaban los campesinos eran, efectivamente, baldíos de la Nación.
Aunque la empresa inició una batalla legal para tumbar la decisión del Incoder, en 2016 la Corte Constitucional terminó por darles la razón a los campesinos que habían conformado años antes la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, Asocol, que reunía a un grupo de reclamantes.  A pesar de la decisión del alto tribunal, en junio de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras denunció a varios miembros de Asocol como falsas víctimas del conflicto.

En 2017, la Agencia Nacional de Tierras, que había reemplazado al Incoder desde 2015, siguiendo las órdenes de la Corte Constitucional acordó con los campesinos comprarles unos predios con los rendimientos del cultivo de palma.

Otro grupo de campesinos, reunidos en la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno, Asocadar, insistieron en reclamar vía Unidad de Restitución de Tierras y terminaron aceptando una propuesta de la empresa para convertirse en empleados de la compañía y recibir rendimientos por un porcentaje de la producción de palma.