El resguardo del Alto Andágueda lucha por expulsar la minería de sus tierras

La comunidad indígena Emberá-Katíos del Alto Andágueda, Chocó, ha sido protagonista de una puja por su tierras, por más de 50 años. Se trata de una zona apetecida por grandes multinacionales y grupos ilegales, por su riqueza en minas de oro. En 2013, un juez concluyó que la explotación del oro y la violencia que se tejió alrededor de esta industria habían vulnerado los derechos territoriales de la comunidad Emberá y suspendió varias concesiones mineras en el territorio. Un año más tarde se firmó la primera sentencia de restitución en favor de una comunidad étnica.

Desde la conquista y hasta la actualidad, los indígenas han sido asesinados y expulsados por su presencia en las tierras ricas en oro. Hubo un período en que indígenas, liderados por Guillermo Montoya, y colonos, liderados por Ricardo Escobar Restrepo, explotaron la mina El Morrón conjuntamente. Esta paz duró hasta 1974, cuando ambos personajes fallecieron, y los herederos de Escobar quisieron apropiarse de la explotación de oro no sólo en esa mina, sino en una que se descubrió un año más tarde: La Bruja.

Herederos de Escobar trataron de conseguir los permisos para explotar esta nueva mina, a lo que la  División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno respondió que las autorizaciones sólo se entregaban si las tierras eran baldías y no había ninguna comunidad asentada. Verdad Abierta documentó que durante 1977 miles de indígenas fueron obligados a salir de su territorio después de que le destruyeran sus viviendas. Este fue el inicio de un período violento para la comunidad emberá.

En la búsqueda de estrategias para defenderse a sí mismos y a su tierra, los emberá comenzaron en 1979 los trámites para ser reconocidos como resguardo indígena y así, delimitar claramente la tierra que les sería adjudicada. En diciembre de ese año el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora les reconoció como Resguardo del Río Andágueda y con esto quedó claro que su territorio estaba compuesto por 50 mil hectáreas. Aún así, la violencia por parte de colonos y grupos armados guerrilleros continuó.

En 1980 decidieron asesorarse y contrataron al abogado Aníbal Tascón, quien acompañaba a varias comunidades indígenas en estos procesos. Tascón fue asesinado 3 años más tarde, por un sicario. Entretanto, los desacuerdos al interior de la comunidad Emberá crecieron y desataron una ola de asesinatos y agresiones entre sí. Ya en 1989 los indígenas saldaron sus diferencias y acordaron la paz, en una reunión convocada por el Ejército Popular de Liberación, Epl, una guerrilla que para entonces hacía presencia en la zona.

Los siguientes 20 años estuvieron marcados por la llegada de paramilitares a la región y el recrudecimiento de la violencia entre estos, guerrillas y el Ejército. La guerra alcanzó su punto más alto en 2012, cuando la fuerza pública bombardeó una zona cercana a la comunidad indígena de Conondo, dentro del resguardo. Verdad Abierta documentó que estos hechos produjeron el desplazamiento de 2 mil  indígenas hacia el caserío de Aguasal.

En  octubre de ese mismo año la Agencia Nacional Minera le dio luz verde a cinco empresas para que explotaran 13 mil hectáreas en el Andágueda. Estos títulos tienen vigencia hasta 2038 y 2040.

El 30 de enero de 2013, un Juez de la república le ordenó a la Agencia Nacional de Minería suspender todos los contratos, estudios y trámites de concesión que habían sido otorgados o estaban siendo solicitados. En febrero del siguiente año, la Unidad de Restitución de Tierras presentó una demanda que permite la restitución de derechos territoriales a la comunidad del Alto Andágueda.

El 23 de septiembre de 2014, se firmó la primera sentencia de tierras en favor de una comunidad étnica. Fue así cómo quedó saldado el compromiso del Estado con este resguardo. Sin embargo, las promesas no se han cumplido en los territorios. El 9 de julio de 2017, Verdad Abierta documentó que son pocas las promesas cumplidas a este pueblo indígena en materia de agua potable, vivienda, acceso a la educación y salud. A pesar de que el fallo establecía plazos de no más de 6 meses para su ejecución, la comunidad señala que ni siquiera existen garantías suficientes para retornar a sus territorios.